Derecho Constitucional

El juicio a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en la Unidad 9 de esta ciudad tuvo muchas aristas, y en este caso me quiero referir a una de ellas: una parte de la sentencia del Tribunal ordena investigar la responsabilidad de los funcionarios judiciales que según las diversas pruebas, tuvieron un rol trascendente en el aparato represivo ilegal del terrorismo de estado. Si esta sentencia habló de una dictadura cívico militar, es porque hubo civiles en el aparato del poder, que con sus acciones permitieron que el horror sea posible. Y esos civiles fueron, además, jueces y fiscales que sabiendo que se sucedían torturas desapariciones y asesinatos, brindaron todo el aparato judicial necesario para que la impunidad sea la única ley que tuvieran que aplicar.
Pero esto, por si solo, no fue a mi lo que más me impactó, sino que el primer juez imputado para ser investigado por su complicidad con el genocidio, Carlos Mayón, haya sido mi profesor en la facultad, nada más ni nada menos que en la materia Derecho Constitucional. Sí, puede sonar increíble, pero es real. Tanto como que al salir del juicio, consulté a otros compañeros y me confirmaron que además daba clases de la mismísima materia en la Facultad de Ciencias Económicas. Lamentablemente hoy, este futuro investigado por su complicidad con el genocidio, es Titular de la Cátedra I de Derecho Constitucional de la UNLP.
A usted, a vos y a todos nos estarán pasando muchas cosas por la cabeza al pensar en esto. Por ejemplo cuántos miles de alumnos (muchos hoy profesionales egresados de nuestra UNLP) habrán recibido y seguirán recibiendo las enseñanzas sobre nuestra Constitución Nacional de este profesor, juez de la dictadura, y señalado como cómplice, específicamente en este juicio.
Este juzgamiento sirvió mostrarnos que hasta hace no muchos años, más precisamente hasta 2004, algunos de los condenados ocupaban altos cargos en la dirección del Servicio Penitenciario Bonaerense. La causa por la desaparición de Jorge Julio López nos mostró que casi una quinta parte de la policía del provincia había sido formada por las escuelas de la dictadura. Ahora es momento de pensar, entonces, en nuestra Universidad Pública. Porque creo que esta sentencia debe servirnos además, para pensar, cuántos otros ámbitos importantes de nuestra vida social están hoy ocupados por quienes sembraron el terror, desde una cárcel, desde un aula o desde un estrado.
No permitamos que lo sigan haciendo.

Aníbal Hnatiuk
Abogado y militante por los Derechos Humanos (Proyecto Sur)